Decisión del TSA exige al Estado cumplir con su rol

El Tribunal Superior Administrativo favoreció al Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) en contra de cinco ministerios y dos instituciones del Estado por el monopolio del sector transporte. Tras conocer el fallo, el presidente de Fenatrano.

Los jueces de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) declararon procedente de forma parcial la solicitud de amparo de cumplimiento, incoada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) en contra de cinco ministerios y dos instituciones estatales.

La decisión, refrendada por los jueces Diomede Villalona, Alina Mora de Mármol y Evelyn Torres, establece además la recalificación de la acción de amparo ordinario por una acción de amparo de cumplimiento. 

En consecuencia, ordenó al Ministerio de Trabajo que establezca las acciones necesarias para vigilar el fiel cumplimiento del artículo 1 de la Ley 578-65, en el sentido de velar porque no se conformen monopolios en provecho de particulares en los trabajos de carga o descarga de buques o naves de cualquier naturaleza en los distintos muelles y puertos del país, así como las operaciones de transporte de mercancía. 

Indica que esto deberá hacerlo la cartera laboral “en aras de garantizar a las personas físicas y morales la participación de manera efectiva y acorde a los rigores constitucionales en las operaciones de transporte de mercancía desde y hacia los distintos muelles del país, haciendo uso de la autoridad que le confiere dicha ley”. 

Al Ministerio de Industria y Comercio, le ordenó cumplir con el deber puesto a su cargo por el artículo 2 de la Ley 290-66, Orgánica del Ministerio de Industria y Comercio, consistente en dictar y vigilar el cumplimiento de normas que garanticen la libre competencia y los niveles de precios, preservando en favor del mercado común, un régimen de competencia efectiva en el aspecto comercial del sector transporte de mercancía. 

De acuerdo al fallo, se ordena a la Oficina Técnica de Transporte Terrestre “cumplir con la obligación de dictar y adoptar todas las normas necesarias para la organización y control del Transporte Terrestre de Pasajeros de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, acorde a las necesidades nacionales importantes, vigilando el cumplimiento de las disposiciones necesarias para eliminar toda especie de práctica anticompetitiva e impidiendo a cualquier entidad que intervenga o domine la concertación de precios en materia de transporte terrestre de pasajeros”. 

Evitar prácticas anticompetitivas

Mientras que al Ministerio de Turismo, le ordena adoptar las medidas necesarias a los fines de evitar cualquier tipo de práctica anticompetitiva existente en el transporte terrestre de turistas, con el propósito de tutelar la libre competencia en ese sector del transporte de pasajeros. 

De acuerdo a la decisión el Ministerio de Defensa, deberá asumir su deber de vigilar el cumplimiento de manera íntegra y efectiva de asegurar a las personas físicas y morales el retiro, depósito y transporte terrestre de efectos y mercancías desde las aduanas y puertos, hasta su destino final. 

Asimismo, ordenó al Ministerio de Interior y Policía que supervise a los agentes a su cargo para garantizar que las personas físicas y morales, utilicen los servicios de transporte de pasajeros en todo el territorio nacional. 

Finalmente, la decisión fijó a los ministerios e instituciones accionadas un astreinte provisional con carácter individual y conminatorio de cinco mil pesos (RD$ 5,000) por cada día que transcurra sin ejecutar lo establecido en la sentencia, a favor de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. 

Conep elogia decisión; sindicatos la cuestionan

El Conep indicó, a través de una nota de prensa, que “el fallo judicial del TSA representa una garantía para el futuro desarrollo de nuestro país, consolida la seguridad jurídica indispensable para el buen funcionamiento de una sociedad, sus empresas y ciudadanos y envía una señal firme a la comunidad internacional de que República Dominicana confía en sus instituciones y en el Estado de Derecho”. Mientras que las asociaciones empresariales valoran positivamente la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que acoge el amparo interpuesto por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), que exige a diversos organismos del Estado a asumir su rol en el ordenamiento del sistema de transporte en el país para garantizar los derechos de los dominicanos y la libre empresa. El presidente de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte, Antonio Marte, aseguró que la decisión no le sorprende y que “esto es una componenda entre el Gobierno y el CONEP para la destrucción del sector”. El presidente de la Federación Nacional del Transporte La Nueva Opción, Juan Hubieres, no emitió juicios al respecto, debido a que durante la lectura del fallo sufrió un desmayo, por lo que fue trasladado a un centro de salud.