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| Participación Ciudadana ha reclamado transparencia en la elección de la JCE. |
La sociedad civil ha sido concebida como un mecanismo de presión social o una intermediaria entre el Estado y la sociedad y en ese papel, siempre ha tenido una relación tensa con los partidos políticos en el poder, pero al mismo tiempo aliada de la oposición para lograr efectividad en sus demandas.La situación actual es el mejor espejo de esa relación tensa que ha caracterizado a los partidos en el poder y la sociedad civil. La conformación de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, compuesta por unas 12 entidades empresariales y de la sociedad civil (cinco empresariales y siete sociales) se creó con la finalidad de presionar para que los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) que elige el Senado sean personas desvinculadas de los partidos políticos.
La entidad se ha vuelto aliada circunstancial de los partidos de oposición que comparten la misma agenda sobre el tema de la conformación de la JCE y otros órganos como el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Cámara de Cuentas. Esa demanda ha tensado la relación entre la sociedad civil y el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que alega el respeto al ordenamiento constitucional y la autonomía de los órganos constitucionales que deben conformar esas entidades.
Por el contrario, en esta etapa, la sociedad civil anda de paños y manteles con partidos como el Reformista Social Cristiano (PRSC) y la Fuerza Nacional Progresista (FNP) que tienen una ideología que dista mucho de la agenda de la sociedad civil en temas como el derecho a la vida, por solo citar un ejemplo.
El PLD y la sociedad civil peleaban en pareja
Participación Ciudadana es la entidad de la sociedad civil que más ha incidido en los procesos políticos en los últimos 20 años tras su surgimiento a principio de los años 90 y más específicamente tras la crisis electoral del 1994. Luego coincidió en la agenda del PLD en el 1998 y el 2000, cuando el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tenía mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados.
Una de las primeras batallas más importantes que el PLD libró junto a la sociedad civil fue en el 1998 cuando el Senado del PRD escogió los miembros de la JCE que no contaban con la aprobación de los demás partidos. El entonces presidente Leonel Fernández congeló los fondos a la JCE y fue necesario ampliar de cinco a siete el número de jueces para integrar dos miembros recomendados por el PLD y el PRSC.
En el 2002, con el PRD de gobierno el PLD y el PRSC forzaron la integración de la comisión de seguimiento a las labores de la JCE integrada monseñor Agripino Núñez y los dirigentes empresariales Elena Viyella, Celso Marranzini y Rafael Perelló, además de Radhamés Mejía, José Joaquín Puello, Marisol Vicens y el religioso Reinaldo Franco Aquino.
Fue en ese contexto que se dividieron las funciones de la JCE en dos cámaras, la administrativa y la contenciosa y se llevó a nueve el número de jueces.
Las entidades que presionan
La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática fue fundada el 9 de agosto pasado y las entidades empresariales que la forman son el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Asociación de Industrias de la República Dominicana (Aird), Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amcham-DR), Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo (AEIH).
En tanto, de la sociedad civil son la Asociación para el Desarrollo (Apedi), Centro Bonó, Fundación Institucionalidad y Justicia,(Finjus), Participación Ciudadana , Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia, (Profamilia), Centro Juan XXIII y Probono.
El empresariado no es parte de la sociedad civil
Según una publicación del 2010 del sociólogo Marcos Villamán, la sociedad no persigue la dominación política ni la acumulación de capital, sino que es un ente intermedio entre el Estado y el mercado, por lo que no es ni un partido político ni parte del empresariado. “El empresariado como tal o si se quiere las asociaciones corporativas empresariales, no son parte de la sociedad civil. En República Dominicana el no verlo así ha generado confusiones y dominaciones, pero hay que mantener esa distinción para reivindicar la novedad de lo que se quiere decir por sociedad civil”, planteó Villamán en la referida publicación.
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