Santo Domingo, 17 ene (EFE).- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) reclamó que todos los funcionarios y personas privadas involucrados en los contratos ejecutados por Odebrecht en el país sean investigados para establecer culpabilidades, y aplicar las sanciones que establecen las leyes, sin ningún tipo de distinción.
En un documento público del partido, se pone a Hipólito Mejía, en su calidad de Presidente de la República en el período 2000-2004, a la disposición de las autoridades judiciales competentes cuando éstas así lo requieran.
Asimismo, lo están Ramón Alburquerque, Andrés Bautista, Jesús Vásquez y Alfredo Pacheco, en sus calidades de presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente, durante parte del período (2001-2006), “en aras de aportar las informaciones pertinentes con el fin de establecer la verdad en este escandaloso caso que avergüenza a todo el país”.
El PRM “ratifica su posición expresada en diferentes oportunidades, sobre la corrupción que ha caracterizado los proyectos contratados y ejecutados por la empresa Odebrecht con el Estado Dominicano y afirma que los hechos e informaciones provenientes de la justicia de Brasil y de los Estados Unidos de han confirmado sus denuncias públicas sobre el contrato de las plantas de Punta Catalina y otras obras”.
A su entender, el caso de mayor relevancia económica es el de las dos plantas de carbón en Punta Catalina, proyecto que “ha generado los mayores cuestionamientos, debido a la falta de transparencia en su licitación y al evidente abultamiento de los costos de construcción.”
“Estas denuncias han sido evidenciadas por la confesión de la propia empresa Odebrecht reconociendo el pago de sobornos por más de 92 millones de dólares a funcionarios del Estado Dominicano, incluyendo el período de licitación y adjudicación del contrato de Punta Catalina”, resalta la organización política opositora.
En cuanto a la designación de una comisión, por parte del presidente de la República, Danilo Medina, para que investigue el proceso de licitación de la termoeléctrica, el PRM manifestó su rechazo por considerar que atenta contra la institucionalidad.
Según la formación, “constitucionalmente el Estado cuenta con los mecanismos e instancias legales para investigar y sancionar los actos de corrupción”, por lo que “desautoriza a cualquier dirigente o militante, su participación como miembro de esta Comisión, por las razones antes indicadas”.
Por las razones antes expuestas, el PRM reitera su solicitud de que dicho contrato sea sometido a una auditoría por una firma independiente y especializada.
En el documento, el partido opositor también manifiesta su apoyo a la convocatoria de una marcha pacífica para condenar la corrupción y exigir transparencia gubernamental, organizada por movimientos y entidades de la sociedad civil el próximo domingo 22 de enero. EFE
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