El portavoz del Gobierno dominicano dio a conocer la noche de este jueves la posición oficial de la República Dominicana en la que rechaza la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y reivindica el derecho que tiene como Estado soberano de determinar quiénes son sus nacionales.
Roberto Rodríguez Marchena, expresó que el Gobierno rechaza la sentencia, por considerarla extemporánea, sesgada e inoportuna.
Destacó que el país, sin que haya espacio a dudas, manifiesta su adhesión al artículo 1 del Convenio de la Haya, de 1930, que faculta a cada Estado para regular y determinar, de acuerdo a su legislación, quiénes son sus nacionales, principio que dijo es pilar del Derecho Internacional y, es innegociable para el Estado dominicano.
“El Gobierno reitera su compromiso con el sistema interamericano, pero cualquier interpretación antojadiza del mismo en modo alguno puede afectar la soberanía dominicana ni la potestad del Estado para definir por sus normas internas el régimen de la nacionalidad”, manifestó durante una rueda de prensa en Palacio Nacional.
Dijo que el Gobierno, entiende, además, que esta sentencia, que se refiere a hechos acontecidos en los años 1999-2000, pasa por alto numerosas circunstancias. Entre otras, que el país tiene en marcha actualmente la implementación de un plan integral para la regularización y documentación de todas las personas que habitan en el territorio dominicano.
Asimismo, destacó que la CIDH ha ignorado aspectos muy relevantes de la historia reciente de República Dominicana, que muestran la voluntad inequívoca del país de modernizar y mejorar su marco legal, citando como ejemplo la Constitución aprobada en 2010, que incluye derechos de tercera generación.
“Es conocido el compromiso férreo del gobierno dominicano con el respeto por los derechos humanos y con la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrentamos en materia de documentación”, destacó.
Dijo que se debe enfatizar en que las soluciones que ha planteado el gobierno dominicano y que están en marcha, son fruto del más amplio consenso logrado en el país en esta materia, y suponen un avance sin precedentes en las últimas décadas.
“Esa voluntad de avance y transformación es apoyada y conocida por la comunidad internacional y por numerosas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que están trabajando con nosotros sobre el terreno para la implementación de soluciones”, adujo y agregó que cabe mencionar entre ellas la Organización Internacional para las migraciones y la Mesa Nacional para Migración y Refugiados en RD, que reúne a las principales organizaciones religiosas y civiles especializadas en estos temas en el país.
Expresó que “como parte de nuestra convicción y compromiso con la protección de las personas, el gobierno ha creado una unidad especializada en Derechos Humanos en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, con rango de dirección y con un equipo ampliado de primera línea”.
“Queremos resaltar que desde hace casi un año nuestro país y la República de Haití han sabido hacer de la dificultad, virtud, transformando lo que comenzó como un desencuentro entre nuestras naciones en el proceso de diálogo bilateral más fructífero que han visto nuestros pueblos en las últimas décadas”, destacó.
Dijo que ese diálogo ha permitido, entre otras cosas, una cooperación sin precedentes en materia de documentación y que agradecen las acciones que ha llevado a cabo el gobierno de Haití para facilitar los procesos, entre ellas la apertura de 4 nuevas oficinas consulares en la República Dominicana.
“Entendemos que, en pro de los avances obtenidos y de la sostenibilidad de este proceso de diálogo, vamos a continuar por la ruta que nos habíamos trazado y que avanza por buen camino”, manifestó.
Reiteró que “nuestro deber, en primer lugar, es defender la soberanía de la República Dominicana, mantener la estabilidad política y social en nuestro territorio y favorecer un clima de convivencia pacífica” y que el gobierno sigue firme en su determinación de continuar trabajando en la misma dirección, con responsabilidad y sin descanso, pero partiendo siempre de la realidad social, política y económica de nuestro país.
“En definitiva, creemos firmemente que la hoja de ruta que nos hemos trazado es el camino adecuado para lograr nuestro objetivo, que siempre ha sido, y será el mismo: construir un país sin exclusión y sin discriminación, en el que los derechos humanos fundamentales y el respeto a las leyes de la República Dominicana caminan de la mano con un mismo fin: propiciar la felicidad de las personas”, dijo.
Recordó que la separación de poderes es la base de un verdadero Estado de derecho y su desconocimiento atentaría contra los valores democráticos asumidos por la sociedad dominicana.
“Fue de estos poderes públicos que emanaron la Constitución del año 2010, las sentencia TC168-13 y posteriormente la Ley No. 169-14, que contó con el consenso de todos los sectores de la sociedad dominicana y fue aprobada a unanimidad por el Congreso Nacional, y en consecuencia, cualquier posición que cuestione los poderes legítimamente constituidos de nuestro Estado es inaceptable para la República Dominicana”, finalizó Rodríguez Marchena.
Por Adelaida Marínez R.
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