Los obispos consideran que la "legalización del aborto" es dictar la pena de muerte y piden jornadas de oración para "iluminar" a congresistas
El Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, en nombre de todos los obispos, solicitó ayer al Congreso Nacional la ratificación del Código Penal tal cual fue aprobado por ambas Cámaras.Entre otras razones para hacer el pedido destacaron que la Constitución dice clara y rotundamente que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso, la pena de muerte”, según lo establecido en el artículo 37 de la Constitución.
En ese sentido, manifestó que la “legalización del aborto” es dictar “pena de muerte”, a una persona, por demás indefensa, aunque ésta provenga de una violación de la que ella no es nada responsable, o bien pudiera tener alguna malformación.
“Alabamos y hacemos nuestra la preocupación por la vida de la madre, pero seríamos excluyentes y discriminatorios si sólo defendemos los derechos de la madre y condenamos a muerte al hijo que está en su vientre, que también merece del Estado, de sus progenitores y de toda la sociedad el derecho a la vida y a la salud, el respeto a su dignidad humana y a su integridad psíquica y moral, tal y como establece el artículo 38 de nuestra Constitución”.
Con esa posición, la Iglesia católica en pleno enfrenta las observaciones que hizo el presidente Danilo Medina al Código Penal Dominicano, cuyo veto recae exclusivamente sobre los artículos que van del 107 al 108 que conforman en su conjunto la Sección III del Capítulo I, Título II de la ley, relativos a la tipificación penal de la interrupción del embarazo.
“La redacción del artículo 107 de la ley no satisface las exigencias que se derivan del Principio de la Legalidad, uno de los elementos de la cláusula constitucional del Estado de Derecho”, establece Medina en la carta enviada al Congreso.
Todas son vidas que están en juego
Los religiosos destacan que el principio a tener en cuenta en el debate sobre la penalización o no del aborto es que “son dos vidas que están en juego. El Estado tiene el deber y la obligación de ser inclusivo, y legislar para salvar las dos vidas, no para salvar una y condenar la otra”.
De igual forma, en un documento enviado a la prensa, los jerarcas de la Iglesia católica precisan que “este mismo principio es válido para el profesional de la salud. El médico, en caso de emergencia y amenaza contra la vida de la mujer embarazada tiene el deber de atender y procurar la salvación de las dos vidas”.
En ese sentido, el organismo de la Iglesia católica observó que “si en el procedimiento para salvarlas, una, tal vez la más débil, muere, no es objeto de penalización como lo establece la Constitución en el artículo 42.3 y el nuevo Código Penal en sus artículos 22 y 23”.
La Red Católica Latinoamericana respalda observaciones
La Red Católica Latinoamericana por el Derecho a Decidir, felicitó al presidente Medina por su decisión de observar la ley que reforma el Código Penal en la parte que corresponde al aborto, medida que considera ayudará a mirar el problema de la mujer desde otra perspectiva.
La entidad, con presencia en once países, sostiene que esa decisión se enmarca en el objetivo de garantizar la salud, la vida y la integridad psíquica y moral de las mujeres.
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