Participación Ciudadana.
SANTO DOMINGO.- El Coordinador de Participación Ciudadana calificó como ilegal e ilegítimo el aumento del salario que dispusieron los jueces de los Tribunales Constitucionales (TC) y del Superior Electoral (TSE).
Cándido Mercedes aprovechó para reiterar la necesidad de que el Ministerio de Administración Pública, como órgano rector del empleo público de la administración del Estado, y el órgano responsable de la actualización y administración del Sistema Remunerativo, controle estas decisiones violatorias de la Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano. G. O. No. 10722 del 8 de agosto de 2013, dice la entidad a través de un comunicado.
El Sociólogo Cándido Mercedes, Coordinador General de Participación Ciudadana, recordó que La Constitución de la República en su artículo 140 establece que: “Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”.
Además reiteró que el Artículo 11 Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, establece que: “La escala salarial de los demás funcionarios de alto nivel incluyendo a los jefes, subjefes e inspectores generales de los estamentos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; de los organismos autónomos y descentralizados, instituidos por leyes y demás funcionarios de sus dependencias jerárquicas, serán establecidos por reglamento que al efecto dicte el Presidente de la República a propuesta del Ministerio de Administración Pública. Reglamento que a la fecha no se ha promulgado, no obstante estar en manos del Poder Ejecutivo desde hace algún tiempo”.
Fragmento íntegro de la nota de la organización no partidista:
El aumento a los 13 jueces de los Tribunales Constitucional (TC) y los cinco del Superior Electoral (TSE), es ilegítima e ilegal y un precedente nefasto que contribuye con la distorsión salarial en el sector público, es el artículo 12 de la Ley No 105-13, que indica la “escala de remuneración de salario bruto máximo para los presidentes de los poderes y entes constitucionales con régimen propio del sector público dominicano”, es la siguiente:
1) Presidente (a) de la República, hasta cuatrocientos cincuenta mil pesos (RD$450,000).
2) Presidente (a) del Senado, Presidente (a) de la Cámara de Diputados, Presidente (a) de la Suprema Corte de Justicia y el Presidente (a) del Tribunal Constitucional, hasta cuatrocientos mil pesos (RD$400,000).
3) Vicepresidente (a) de la República, hasta cuatrocientos mil pesos (RD$400,000.00).
4) Presidente (a) del Tribunal Superior Electoral, Presidente (a) de la Junta Central Electoral, hasta trescientos setenta y cinco mil pesos (RD$375,000.00).
5) Presidente (a) de la Cámara de Cuentas, hasta trescientos cincuenta mil pesos (RD$350,000.00).
6) Los (as) Ministros (as), el o la Procurador (a) General de la República, el Consultor (a) Jurídico (a) del Poder Ejecutivo, el Contralor de la República, hasta trescientos mil pesos (RD$300,000.00).
7) El Defensor del Pueblo, hasta doscientos cincuenta mil pesos (RD$250,000.00).
El Coordinador de PC aprovechó la ocasión para demandar al presidente Danilo Medina, a que proceda con la promulgación de las políticas y reglamentos pendientes para regular el salario en la administración pública y de esa forma “hacer lo que nuca se ha hecho” y que el ministro de Administración Pública pueda proceder con la inmediata aplicación de los mismos.
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