SANTO DOMINGO.-La madrugada de este miércoles Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, expresó que la medida de coerción de prisión preventiva debe mantenerse a los imputados del Caso Medusa.
“En derecho, y una ponderación sana de las evidencias, de los riesgos procesales, la medida de coerción debe ser ratificada y el recurso de apelación desestimado”, dijo Yeni Berenice luego de observar que los imputados trataron de "desnaturalizar la verdad frente a las juezas".
Agregó, que “en buen derecho, todo lo que el Ministerio Público ha establecido para el caso se ha demostrado. Las pruebas contra el exprocurador y sus colaboradores son contundentes y está demostrado que existen enormes riesgos procesales en este caso”.
Las magistradas Doris Josefina Pujols, Carmen Mancebo y Daysi Montás, de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fallarán este miércoles a las 2:00 de la tarde el recurso presentado por el exprocurador Jean Alain Rodríguez y el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra.
Yeni Berenice y el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezan el equipo investigador y litigante en el proceso.
Se recuerda que Jean Alain guarda prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (Najayo Hombres), en San Cristóbal, al igual que los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonnathan Josel Rodríguez Imbert.
En el transcurso de la investigación del caso, el Ministerio Público ha recabado múltiples pruebas que sigue blindando las imputaciones iniciales y abren nuevas líneas de investigación, logrando la obtención de más evidencias del entramado de corrupción que encabezó el exprocurador Rodríguez.
El órgano de justicia les imputa a los implicados en el Caso Medusa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
Los procesados también enfrentan cargos de infracción sobre crímenes y delitos de alta tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público también les imputa cargos de soborno, lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
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