SANTO DOMINGO.- Un grupo de organizaciones denunció este martes que las medidas impuestas por el gobierno de la República Dominicana contra la comunidad inmigrante haitiana son violatorias a los derechos humanos.
La denuncia fue hecha por el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST), Unión de Trabajadores Cañeros, Colectivo Haitianos RD, Movimiento Reconocido, Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó, Aquelarre RD, Afritude, Conexión Cultural por el Bienestar y la Autonomía La Ceiba, Junta de Prietas, Instituto Caribeño de Pensamiento e Investigación Descolonial, We are all Dominican y Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA).
También, Movimiento de Mujeres Domínico Haitianas (MUDHA), Comité de los Derechos Humanos de los Domínico Haitianos (CODHA), Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO), Realengo Studio-NYC, Fundación La Negreta, Militancia Revolucionaria Socialista (MRS), Grupo Árbol Maravilloso, Dominicans United-NYC, Red de Mujeres Haitianas-Chile, Grupo Latinoamericano de Formación y Acción Feminista (GLEFAS), Articulación Nacional Campesina.
“ESTRATAGEMA DEL GOBIERNO”
En un documento que fue leído en rueda de prensa, aseguran que se trata de “una estratagema del gobierno para intentar tapar los escándalos de corrupción y los ajustes económicos antipopulares que aplica”.
Entre estos escándalos mencionan “el tarifazo eléctrico, el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles, el escándalo de los Pandora Papers, la corrupción del ministro Macarrulla, los recortes presupuestarios de 2022 a la salud y la educación superior, el antidemocrático proyecto de Código Penal, la destrucción ambiental a manos de megamineras, la continuidad de las exenciones de impuestos a los grandes capitalistas de las zonas francas y el turismo, entre otros”.
EL DOCUMENTO
El texto del documento del conjunto de organizaciones es el siguiente:
“¡Levantemos nuestra voz contra el racismo y la xenofobia del gobierno!
El gobierno de Abinader agita el odio racista y xenófobo contra la laboriosa comunidad inmigrante haitiana, imponiendo medidas que violan los derechos humanos como negar acceso a la atención médica o propiciar despidos masivos de trabajadores inmigrantes. Estas medidas, junto a la movilización de tropas a la frontera y los discursos sobre una supuesta amenaza haitiana, se utilizan para tapar los escándalos de corrupción y los ajustes económicos antipopulares que aplica. El gobierno está desesperado por desviar la atención del tarifazo eléctrico, el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles, el escándalo del uso de paraísos fiscales por parte de Abinader revelado en los Pandora Papers, la corrupción del ministro Macarrulla, los recortes presupuestarios de 2022 a la salud y la educación superior, el antidemocrático proyecto de Código Penal, y la destrucción ambiental a manos de megamineras como Barrick Gold, la continuidad de las exenciones de impuestos a los grandes capitalistas de las zonas francas y el turismo, entre otros hechos que demuestran que el “cambio” prometido por el PRM fue una estafa.
Las medidas anunciadas el 3 de noviembre, consisten en auditar el Plan Nacional de Regularización para revocar visas de residencia a inmigrantes, establecer 38 oficinas a nivel nacional para identificar y perseguir a personas de la comunidad inmigrante, realizar reuniones con sectores empresariales para limitar la contratación de trabajadores inmigrantes, y prohibir el acceso a hospitales a personas inmigrantes sin visa de residencia vigente. Dos días antes, el gobierno había anunciado que suspendía indefinidamente el programa de visas para estudiantes universitarios haitianos.
Estas medidas del gobierno no solo son para perseguir y discriminar a los inmigrantes haitianos, también penalizan a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana que fueron desnacionalizadas y abandonadas en el limbo de la apatridia luego de la sentencia 168-13, ya que en los hechos el gobierno trata a ese sector de la población dominicana como si se tratase de inmigrantes indocumentados.
Desde el Colegio de Médicos hasta sectores de la Iglesia e incluso del propio PRM han realizado críticas a las medidas. El argumento oficial ha sido que con la restricción de las visas de estudiantes Abinader procura “proteger” al país de las bandas criminales del vecino país. Pero dichas bandas no operan en la República Dominicana, por lo cual el argumento es ridículo y no logra ocultar el profundo odio racista y xenófobo que motiva la medida. Por eso no estamos de acuerdo con quienes plantean que estas medidas son «un error», son algo mucho más grave que un error. Son parte de una política sistemáticamente racista y xenófoba, que amenaza con hundir a la República Dominicana en un régimen parecido al apartheid. De ahí que también rechacemos que todos los partidos representados en el Congreso hayan participado en la conformación de la mesa de consulta sobre la política hacia Haití, instalada por el gobierno para legitimar esa orientación antidemocrática.
En enero de este año, el Director General de Migración anunció que se aplicarían multas a transportistas y arrendadores que brindaran transporte o alquilaran viviendas a inmigrantes sin visa. De esa forma se alentó a que civiles emprendieran la fiscalización arbitraria de la situación migratoria de cualquier inmigrante. Luego, Abinader atacó a los cañeros, suspendiendo el pago de cientos de pensiones otorgadas por gobiernos anteriores. En febrero, el gobierno anunció la construcción de un multimillonario muro fronterizo de 190 kilómetros de largo, bajo el falso argumento de “proteger la integridad territorial”, aunque no existe ninguna amenaza territorial.
En septiembre, mientras se realizaban miles de deportaciones arbitrarias, Abinader pidió en la Asamblea General de la ONU que la “comunidad internacional” intervenga en Haití, y pocos días después anunció la aplicación del código de trabajo balaguerista de 1992 según el cual ninguna empresa puede contratar más de un 20% de trabajadores inmigrantes, poniendo un plazo de 90 días para la regularización de los trabajadores. Antes de cumplirse el lapso, ya los trabajadores agrícolas, tanto haitianos como dominicanos de piel negra, sufrían redadas del ejército y detenciones masivas. El gobierno también anunció que exigiría un seguro de salud internacional a mujeres extranjeras con 6 meses de embarazo para su ingreso al país y que se exigiría el seguro para el acceso a hospitales. En el mes de noviembre hemos visto con indignación a agentes de migración deteniendo violentamente a centenares de mujeres embarazadas dentro de los hospitales y en sus alrededores, para deportarlas.
Abinader y sus funcionarios utilizan mentiras grotescas para incitar al odio racial. Acusan a la comunidad inmigrante, y especialmente a las mujeres haitianas, de consumir el 40% del presupuesto de salud, cuando menos del 10% de las personas atendidas en hospitales son inmigrantes según las propias cifras oficiales. No son las mujeres inmigrantes quienes niegan el acceso a la salud pública al pueblo dominicano sino el gobierno de Abinader, cuyo proyecto de presupuesto para el año 2022 reduce en 16% el gasto para la salud, mientras financia a las ARS y las AFP.
En cuanto a la mentira mil veces repetida por Abinader y la extrema derecha, siguiendo la metodología del ideólogo nazi Goebbels, de que supuestamente “República Dominicana no puede seguir cargando con los inmigrantes”, la realidad es la inversa. El sector de la clase trabajadora inmigrante aporta el 9,5% del PIB nacional, de acuerdo a estimados del Estudio Complementario de la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2017. Ese importante aporte lo realizan recibiendo a cambio la mayoría de las veces salarios miserables, privación de derechos laborales y limitado acceso a la seguridad social.
El gobierno usa a la comunidad inmigrante como chivo expiatorio colectivo y pretende silenciar cualquier asomo de protesta. El director de la Dirección General de Migración ha amenazado con usar el ejército para atacar a comunidades de inmigrantes haitianos, alegando que existe un supuesto riesgo de que esas comunidades lleven a cabo una secesión como la de Kosovo. Una mentira descarada. En Dajabón el 8 de noviembre, el ministro de Interior y Policía, al decir que la principal amenaza para nuestro país es Haití. Ese mismo día, la Policía Nacional, actuando en coordinación con grupos neofascistas, impidió una movilización de más de 300 trabajadores cañeros hacia el Palacio Nacional, precisamente para rechazar las medidas racistas y xenófobas.
Ninguna persona que viva de su trabajo asalariado, ninguna persona que viva en un barrio popular, puede ser indiferente a las agresiones del gobierno contra los inmigrantes haitianos y las personas dominicanas de ascendencia haitiana privadas de su nacionalidad. En vez de precarizar y perseguir aún más a la comunidad inmigrante, el gobierno debería respetar los derechos humanos de todas las personas que viven en este país. Para ello, debe restituir la nacionalidad a las personas dominicanas de ascendencia haitiana afectadas por la sentencia 168-13. Asimismo, debe dar marcha atrás a las medidas racistas y xenófobas y realizar un verdadero proceso de regularización, que reconozca la residencia legal a miles de personas que tienen muchos años aportando con su trabajo al desarrollo de este país. En el caso de los trabajadores cañeros, la residencia legal debe extenderse a 10 años. Llamamos a todas las personas de convicciones democráticas y que reconocen el valor de la dignidad humana, a levantar su voz y movilizarse contra la política racista y xenófoba de Abinader.
Tal y como plantea el poeta dominicano Norberto James Rawlings, en su poema “Los inmigrantes”, esta patria la hemos construido todas las personas que vivimos en ella con nuestro sudor, cargando con una clase dominante abusadora, racista y explotadora:
“Porque cada día que pasa
cada día que cae
sobre vuestra fatigada sal de obreros
construimos
la luz que nos deseáis.
Aseguramos
la posibilidad del canto
para todos”.
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