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jueves, 23 de diciembre de 2021

Los coyotes de Baní: 40 años de impunidad en el tráfico de humanos

Penas. Los responsables de viajes que ya dejaron varios muertos podrían encarar de entre 20 y 30 años de cárcel


Este es el edificio donde funciona la Veterinaria La Dura, en Baní, propiedad de Leonel Antonio Méndez Arias, alias ¨El Duro”, aún bajo custodia policial.



Por: Guillermo Pérez

BANÍ, PERAVIA.-Es una figura fuera de ley por su práctica criminal, pero la red de tráfico de personas ha sobrevivido en esta ciudad una larga carrera de cientos de viajes ilegales a través de los cruces transfronterizos centroamericanos hasta alcanzar a México, y desde allí a Estados Unidos, operando casi a plenitud de libertad en la jurisdicción, desde hace casi cuatro décadas.


Este despiadado negocio, que despierta ilusiones y alimenta con espejismos los sueños de sectores marginales de la población, ha hecho muy próspero a un grupo que también, en su momento, fue golpeado por privaciones sociales y económicas, optando a su tiempo por los ilícitos, a cualquier costo.

Su mejor aliado, hasta el momento, ha sido la impunidad.


Trata de personas, tráfico humano, trata de blanca, como a preferencia sea denominada, esta es la aventura con la brecha más ancha al éxito, la prisión o la muerte.

Y pocos pueblos, como Baní, tienen más casos y evidencias para contarlo, y demostrarlo.
La historia de las migraciones ilegales en busca del denominado “sueño americano”, para lo que deben recorrer cientos de kilómetros siguiendo el cordón territorial de Centroamérica, hasta trepar a México y desde allí a Estados Unidos, la escriben a fuerza individuos que saltaron de terribles miserias sociales y económicas al disfrute placentero de la prosperidad. De los primeros arrestos ha salido a la luz el nombre de dos figuras que, para los banilejos, no les causan sorpresa.


Tiempo en el negocio
De los cinco hombres imputados ayer por la fiscalía de Santo Domingo Este, bajo cargos de tráfico ilegal de al menos tres de los fallecidos en el accidente de Chiapas, en México, Guillermo Guzmán Marcano, Leonel Antonio Méndez Arias, de alias (El Duro), y Santo Francisco Vizcaíno Guerrero, son oriundos de esta ciudad.


Los otros dos, Román Alberto Casalinovo Trinidad y Jesús Antonio Martínez Díaz, son nativos de San Pedro de Macorís.


El grupo es sindicado como parte de una alegada red que traficaba personas desde Santo Domingo hacia Estados Unidos, a través de Guatemala, Panamá y México, y ya los fiscales han adelantado que pedirán18 meses de prisión preventiva y una declaratoria de caso complejo.


De Guillermo Guzmán Marcano, parte de una familia de cuatro varones y dos hembras, se conoció de sus nexos con estas operaciones desde hace más de 30 años, pesando sobre él graves imputaciones, con arrestos anteriores por tráfico ilícito de migrantes.
Capturados hace 11 años

El 25 de marzo de 2010, un equipo de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (Dintel), inspectores de Migración y oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, apresaron, en una operación combinada en Santo Domingo y esta ciudad, a Guillermo Guzmán Marcano, Alberto Martínez Reyes, María de los Ángeles, César Berigüete Jiménez y Miguel de la Cruz Báez, a quienes les fueron ocupados equipos para falsificar documentos, cuatro pistolas, una escopeta, decenas de cápsulas de distintos calibres, cuatro yipetas, una camioneta y una passola.

Respecto al caso del abogado Santo Francisco Vizcaíno Guerrero, cuya firma aparece, presuntamente, en documentos relacionados con viajes.

De Leonel Antonio Méndez Arias, de alias “El Duro”, se ha asegurado que tenía mucho tiempo en estas operaciones ilegales, pero pasaba inadvertido, “sin hacer mucho ruido”, operando su “Veterinaria La Dura”, en la intersección de las calles Santomé y 2 de Mayo.

Silencio y control
Aparte de Baní, en cualquier lugar que ocurra este fenómeno, el celoso control de los grupos de trata de humanos, igual de los coyotes que guían por espacios transfronterizos a migrantes ilegales, escalando por zonas accidentadas y desérticas, noche y dia y a escondidas, impera la cautela, el anonimato, casi encerrando sus vidas en la clandestinidad.

Pero aquí no. En esto, Baní aflora como caso único, una ventaja para el ilícito de tráfico de seres humanos.

A un ciudadano le bastaría “filtrar” aquí su interés para una aventura de viaje, rompiendo fronteras, y a poco estaría ya en lista de espera para la jornada.

Por eso, una generación pasada ya de sus 60 todavía domina el negocio. Se alzaron sobre una sólida base de impunidad, y han sobrevivido.

Pero así como esta gente logró transvasar a muchos a tierra estadounidenses, estos grupos también son culpables de muchas muertes, desapariciones y ruina económica de muchas familias que vendieron o hipotecaron viviendas, tierras, o vendieron vehículos o se endeudaron con préstamos para costear viajes y, cuando fracasaron, sus vidas se hundieron en el vacío.

El doloroso trance que viven varias familias banilejas que perdieron sus parientes en la mortal tragedia de Chiapas, es un episodio más de un negocio que, durante mucho tiempo, ha sido conducido por estos grupos, tan conocidos aquí como las viejas y nuevas generaciones de embaucadores políticos.

La red local no operaba en secreto a extremo. Era suficiente que alguien decidiera aventurarse a un viaje y a poco encontraba un contacto. Por estos viajes se mueve mucho dinero y se pagan muchas conexiones, a todos los niveles.

En barrios, urbanizaciones y campos, principalmente de la zona costera, había individuos cuidadosamente escogidos para este trabajo.

Su tarea era alentar los viajes, captar personas, establecer precios, formalizar compromisos de pago, transportarlas, trasladarlas entre demarcaciones, lugares de acogida, retención de viajeros hasta asegurar los pagos y paso final a Estados Unidos.

CONDENAS

Implicaciones.
Los individuos responsables de planificar y encauzar los viajes ilegales que llevaron a la muerte a varios dominicanos, tres de ellos banilejos, en el Estado de Chiapas, México, podrían encarar penas de entre 20 y 30 años de prisión, de ser hallados culpables, además de estar sujetos al pago pago de indemnización a las familias de las víctimas mortales.

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